Se trata de la marcha atrás de los Estados respecto de sus compromisos previos con las normas de igualdad de género tal como se definen en su respectivo contexto político. Según diversas autoras, existen 4 dimensiones donde esto ocurre:
1) (des)legitimación discursiva de los objetivos de las políticas de género;
2) desmantelamiento y reencuadre de las políticas vigentes;
3) debilitamiento de la implementación, y
4) erosión de los mecanismos de rendición de cuentas e inclusión.
A casi treinta años de la IV Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, el movimiento de mujeres y disidencias sexo-genéricas, se enfrenta a un contexto de gran adversidad donde se intentan socavar los estándares alcanzados en materia de igualdad entre los géneros.
Si bien siempre han existido ataques más o menos explícitos a las políticas de género, en la actualidad asistimos a un tipo de oposición sistemática con niveles crecientes de agresividad:
El concepto de backlash refiere a una oposición virulenta que se define como reactiva (Vaggione, 2017) y busca hacer retroceder compromisos y avances feministas, ya sean reales o percibidos (Piscopo y Walsh, 2020; Faludi, 1991). Esta dialéctica entre un movimiento que avanza y un contra-movimiento que reacciona incorpora a un tercer actor central que es el Estado, puesto que los anteriores intentan acceder a la política institucional e incidir en el diseño y la implementación de leyes y políticas. (Caminotti y Tabbush, 2021, p. 30)
Según el documento de debate elaborado para ONU Mujeres por Roggeband y Krizsan (2020), dentro de lo que las autoras entienden como procesos de “desdemocratización”, en el ámbito de los derechos relativos a la igualdad de género “los Estados se apoyan en una variedad de herramientas democráticas que mantienen la ilusión de la democracia, pero que se utilizan para restringir los derechos, las libertades y la democracia liberal” (p. 38). Al respecto observan que los mecanismos de participación en la formulación de políticas y las consultas con la sociedad civil se mantienen, pero son ocupadas por actores de la sociedad civil o que apoyan los programas gubernamentales contra la igualdad de género. Esto les permite postular que, en materia de género, actualmente existe en realidad “una reconfiguración de los espacios institucionales y de la sociedad civil en lugar de un cierre de estos espacios” (p. 38).
A juzgar por algunas experiencias en los Estados contemporáneos en América Latina y el Caribe – y en el resto del mundo, también – son algunos de estos órganos gubernamentales en sus diferentes escalas y ámbitos jurisdiccionales de actuación, quienes incurren en el accionar contra el género, retrocediendo sobre sus propios pasos de gestiones estatales previas.
De algún modo, aquellos actores neoconservadores ubicados en el espacio de la sociedad civil que arremeten contra las políticas de estado protectorias e impulsoras de los derechos de las mujeres y diversidades, cuando logran acceder a la esfera política en sus diferentes poderes – ejecutivo, legislativo y judicial – movilizan los propios recursos del Estado para desfinanciar, desjerarquizar y, en algunos casos, desmantelar las políticas previamente instituidas.
(…) el activismo neoconservador encuentra en el contexto de mayor auge de las derechas una ventana de oportunidad para el despliegue de estrategias que cuestionan el género como categoría construida y legítima, expandiendo su oposición más allá de las agendas doctrinales que habían sido su campo privilegiado de actuación. En este marco, la “ideología de género” proporciona un framing (Corredor, 2019, p.616-617) efectivo para conectar intereses heterogéneos en apoyo de proyectos que naturalizan desigualdades, reducen el rol estatal y buscan reestablecer jerarquías sexogenéricas (así como de clase o étnicas) (Biroli, 2019; Corrêa, 2018). (Caminotti y Tabbush, 2021, p.31)
Históricamente, las élites religiosas constituyeron el principal actor en contra de los avances, especialmente, en materia de derechos sexuales y (no)reproductivos. En las últimas décadas, esta plataforma logró expandirse, aglutinando a grupos y sectores neoconservadores religiosos y laicos que cuestionan todas aquellas políticas antipatriarcales impulsadas desde los Estados a partir de las convenciones y tratados internacionales vinculantes.
En síntesis, podríamos decir que el embate sobre las institucionalidades de género y los cuerpos normativos rectores constituyen los focos principales donde se dirigen las acciones perpetradas por agentes neoconservadores y, en algunos casos, de franca filiación con sectores políticos de ultraderecha. De todas formas, al constituir un fenómeno contemporáneo y relativamente novedoso en sus modalidades, es preciso observar con especial atención estas dinámicas atendiendo a su complejidad.