Se trata de la marcha atrás de los Estados respecto de sus compromisos previos con las normas de igualdad de género tal como se definen en su respectivo contexto político. Según diversas autoras, existen 4 dimensiones donde esto ocurre:
1) (des)legitimación discursiva de los objetivos de las políticas de género;
2) desmantelamiento y reencuadre de las políticas vigentes;
3) debilitamiento de la implementación, y
4) erosión de los mecanismos de rendición de cuentas e inclusión.